Abril
2001
Sr.
Director:
En
el marco de una corrupción estructural e institucionalizada y
de gobiernos que implementan políticas económicas perversas que
generan exclusión, inequidad e injusticia, crece el delito y la
violencia infanto juvenil.
Según
el documento base del Encuentro Federal sobre Políticas para la
Infancia y Adolescencia realizado en Mendoza en agosto de 1997,
"entre el 70 y 80 % de los niños institucionalizados,
lo han sido por razones económicas o de contención familiar".
Esta
realidad expresa un quebranto en el principal dispositivo de contención
primaria que es la familia. A partir de allí son cada vez más
los niños y jóvenes que ingresan en un submundo en donde los valores
y los lazos comunitarios desaparecen, en donde la facilidad con
que se accede al consumo de drogas lícitas e ilícitas, reduce
la capacidad de inserción laboral y educativa y lo que es peor,
genera conductas delictivas en procura de más drogas.
Ante
estas problemáticas, en lugar de profundizar e implementar estrategias
y planes sociales de contención eficaces, algunos sectores apelan
a soluciones mágicas. Buscan disminuir la edad de imputabilidad
de los jóvenes. Esto no solo violaría la Convención de los Derechos
del Niño que admite la sanción a un menor a partir de los 18 años
(recordemos que tiene rasgo constitucional), sino que experiencias
mundiales al respecto, no muestran resultados positivos, más bien
todo lo contrario.
"A
delito de adulto, juicio de adulto", manifestó el representante
Demócrata Jay Hoffman, uno de los promotores de las reformas penales
de 1994 en Estados Unidos. Desde entonces en el Estado de Illinois
la edad límite bajó a los 10 años. En Nueva York la responsabilidad
penal comienza a los 7 años. En Misuri un chico puede ser juzgado
como si fuera un adulto, tenga la edad que tenga. Lo cierto es
que a pesar del endurecimiento de las leyes Los casos de
violencia siguen apareciendo.
La
situación es grave.
Si el miedo se impone, ante la falta de respuestas de las instituciones
republicanas, crecerán inevitablemente los pedidos de autoritarismo
y con ello se perderá la calidad de la vida democrática.
Estos
pensamientos, han despertado un serio proceso de análisis, reflexión
y compromiso que en lugar de hacernos sentir víctimas, deben llevarnos
a asumir, todos juntos, el protagonismo que la sociedad espera.
Cada
vez más, las comunidades y los países en todo el mundo están reconociendo
la importancia de la prevención de la violencia como un asunto
vinculado a la salud pública. Crecen los adolescentes en el mundo,
en especial en Asia, Africa y Latinoamérica. Su salud y educación
son importantes para su propio desarrollo y también para sus países,
comunidades y las generaciones futuras.
Por
lo tanto me circunscribo a la perspectiva positiva de la salud,
de la Organización Mundial de la Salud que establece lo siguiente:
La
salud es un estado de bienestar, no solamente la ausencia de
enfermedades. La salud y la seguridad de la gente de una nación
están vinculadas a su éxito humano, social y económico. Reconocemos
y discutimos el papel que el estatus económico, el sexo, la raza
y el medio ambiente tienen en el desarrollo humano saludable.
Nos comprometemos en fomentar el derecho de cada persona de vivir
en un medio ambiente sano y seguro, de obtener el conocimiento
y las habilidades necesarias para seguir comportamientos benéficos
y para tener acceso a servicios de prevención, de intervención
temprana y de tratamientos de calidad.
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Efraín
Cruz.
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Asociación
para la Prevención y el Desarrollo Infanto Juvenil
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4348-8888
Código 03444.
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